The Washington Post
25 de noviembre de 2010
¿Están recibiendo lo que se merecen las víctimas del derrame?
¿ES KENNETH R. FEINBERG, el hombre a cargo de recompensar a las víctimas del derrame de petróleo en el golfo, un extorsionista? El gobernador de Alabama Bob Riley (republicano) lo dice, y se sumó a la hipérbole el procurador general del estado Troy King, quien emitió una "alerta al consumidor" la semana pasada acerca del fondo de $20 mil millones de dólares que BP apartó para que el Sr. Feinberg administrara. Los medios locales de Alabama han pedido al Presidente Obama que despida al "zar de los pagos" y los representantes de congreso del estado están aumentando la presión.
Entre otras cosas, los críticos se quejan de que la compensación de emergencia ha llegado con demasiada lentitud, que muchas reclamaciones no se están pagando en su totalidad y que las víctimas tienen que ceder su derecho a demandar si aceptan una conciliación final en efectivo. El Sr. King advierte a sus constituyentes de no participar en el proceso de reclamaciones en el cual representantes gubernamentales pronto comenzarán a considerar en serio reclamaciones de conciliación final.
Hablar así quizás daña mucho más a las víctimas del desastre que ayudarlos. A pesar de los errores y retrasos que acompañan la distribución de una cantidad de dinero como ésta en tan poco tiempo, los reclamantes legítimos encontrarán más predecible y oportuno el proceso del Sr. Feinberg, el cual es tan justo y bien pensado como pueda ser una respuesta improvisada, de lo que sería en los juzgados.
La tarea del Sr. Feinberg es masiva, unas 450,000 personas solicitaron asistencia de emergencia diseñada para sacarlos adelante hasta que puedan recibir una conciliación final. De ellos, el Sr. Feinburg reporta que 175,000 presentaron reclamaciones con documentación inadecuada: de hecho, 100,000 no tienen ningún tipo de documentación de apoyo. Sin un estado de ganancias y pérdidas, sin un comprobante de nómina, nada. El Sr. Feinberg, quien hábilmente administró el fondo de compensación del 11 de septiembre, con razón dice que no reemplazará ingresos no registrados en la economía en efectivo no oficial de la costa del golfo, ni aceptará cartas de clérigos locales como testimonio de que reclamantes merezcan pago. Por lo tanto, dejando a un lado los errores inevitables, no es sorprendente que es relativamente fácil encontrar personas que insisten en que se les pagó menos de lo que solicitaron.
Víctimas quienes sienten que merecen más ayuda de emergencia pueden pedir un ajuste al alza a sus pagos de conciliación final, o si no quieren esperar, pueden apelar a La Guardia Costera. Al tratarse de recolectar conciliaciones finales, podrán apelar también a un panel de tres miembros: una mejoría al proceso que debería desviar algunas de las críticas.
Es justo que las conciliaciones finales, cuyo propósito es evitar una pelea en el juzgado para ambas partes, deberán acompañarse del requisito que los reclamantes cedan su derecho a demandar después de aceptar el pago. Aun así, el Sr. Feinberg permitirá los reclamantes retrasar cualquier reclamación final y solicitar pagos cada tres meses sin ceder sus derechos legales siempre y cuando puedan demostrar daño continuo como consecuencia del desastre. Dado que las consecuencias del derrame no parecen ser tan catastróficas como algunos temieron en un principio, eso podría resultar más difícil, y menos lucrativo, que simplemente aceptar un pago final ahora.
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