Washington Post
27 de agosto de 2010
La limpieza de consecuencias económicas
del
derrame de petróleo
CUANDO BP ATENDIÓ el llamado urgente del presidente Obama, otorgó un fondo de subvención de 20 mil millones de dólares para compensar a las víctimas del derrame de petróleo del golfo y declaró que no estaría involucrado en el otorgamiento del dinero. Un motivo de ello fue eliminar la controversia y la política del proceso determinar quién merece el dinero y cuánto merece. Al parecer, en vez de ello, la controversia sólo fue desplazada hacia Kenneth R. Feinberg, abogado de Washington que administra la Oficina de Reclamaciones de la Costa del Golfo tras haberse encargado de un fondo similar de compensación a víctimas de los sucesos del 11 de septiembre.
El Sr. Feinberg ha diseñado un proceso de dos pasos. Dentro de los próximos 90 días, las personas pueden solicitar una compensación temporal, y pueden hacerlo sin renunciar a sus derechos legales. Cuando el fondo evalúe a los reclamantes para otorgar pagos finales, dichos reclamantes deberán renunciar a su derecho de demandar legalmente a BP. El Sr. Feinberg exhorta a la gente hacer sus solicitudes. Afirma que es poco probable que puedan obtener una mejor compensación de otra manera, en especial porque una demanda legal contra BP tardaría años, tendría un resultado muy incierto e implicaría compartir con abogados una gran parte de lo que se obtenga.
A causa de esta razonable sugerencia, el Procurador general de Alabama, Troy King, ha tildado al Sr. Feinberg de ser un “cómplice corporativo”, y no hay duda de que esto es sólo el principio.
Sin embargo, más allá de los sobrenombres, ¿cuáles son los argumentos de los críticos del Sr. Feinberg? Los procuradores generales de los estados del golfo se quejan de que 90 días no son un plazo suficiente para solicitar la ayuda temporal. El Sr. Feinberg responde que si no se puede solicitar un pago de emergencia dentro de 90 días, ¿cuán urgente puede ser la emergencia? En vez de ello, siempre se puede solicitar un pago final.
Los críticos también objetan que el Sr. Feinberg utiliza la proximidad geográfica como un criterio para determinar quién merece recibir ayuda. Después de todo, muchos de los negocios que dependen del golfo no están cerca del agua. Pero el criterio geográfico no es la única consideración del Sr. Feinberg; las circunstancias del solicitante —ya sea un capitán de barco camaronero en Biloxi, Miss., o el dueño de una planta procesadora de camarón en Chattanooga, Tenn.— puede prevalecer sobre el criterio geográfico.
Asimismo, hay quejas sobre el protocolo que el Sr. Feinberg desarrolla para los pagos finales. Por ejemplo, los salarios ganados en el esfuerzo de limpieza del derrame podrían ser deducidos de los pagos. Pero esto es lo justo; el objetivo principal es compensar a los reclamantes por sus pérdidas netas ocasionadas por el derrame de petróleo.
Entre todo el alboroto, se olvida que las solicitudes a las oficinas de reclamaciones son totalmente voluntarias. Si las víctimas consideran que pueden obtener una mejor compensación en un juicio legal, presentando sus reclamaciones por agravios como lo hubieran hecho sin contar con el fondo, tienen toda la libertad de hacerlo. Si les preocupa que los expertos subestimen los daños del golfo —y, por lo tanto, las pérdidas que podrían sufrir— pueden retrasar su solicitud para obtener un pago final.
No obstante, es recomendable que las víctimas eliminen algo de la retórica exagerada y consideren cuidadosamente lo que el Sr. Feinberg ofrece. La primera prioridad del Sr. Feinberg es atender las necesidades de las víctimas en un proceso justo y razonablemente expedito. No resulta claro cuántos de sus críticos pueden decir lo mismo.
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